¿LEY DE TRANSPARENCIA?

En estos momentos, nuestro gobierno está debatiendo una ley sobre transparencia que podría ponerle coto a la desenfrenada corrupción que nos afecta. Pero ministros clave están impulsando un texto lleno de agujeros y excepciones, en un intento de socavar nuestras aspiraciones de lograr un gobierno más justo y honesto.

Durante décadas, nuestra cultura de secretismo ha sido un terreno abonado para las prácticas corruptas: contratos y licitaciones públicas irregulares, especulación urbanística, facturación fraudulenta, y mucho más. Todo ello ha ocasionado una hemorragia constante en nuestros impuestos y recursos públicos. Aun así, España continúa siendo el único país de la Unión Europea con más de 1 millón de habitantes que no cuenta con leyes que regulan el acceso de los ciudadanos a la información pública.

Los ciudadanos no podemos preguntar a nuestras instituciones públicas cómo y en qué se gastan nuestros impuestos, ni solicitar información crítica acerca de nuestros servicios de salud y educación, y a menudo se niegan a informarnos sobre sobre posibles riesgos medioambientales que repercuten en nuestra seguridad y bienestar. Escándalos de la magnitud de Gürtel, Palma Arena, los ERE y la SGAE podrían haber sido detectados y frenados mucho antes si hubiéramos tenido un marco legal y unos mecanismos eficaces de transparencia y acceso a la información pública.

La nueva ley de transparencia nos ofrece una oportunidad sin precedentes para darle un vuelco a la plaga de la corrupción y nepotismo en España, pero el anteproyecto presentado por el gobierno constituye apenas un paso de hormiga en la dirección adecuada. Voces expertas que están trabajando en esta campaña, opinan que a menos que sea mejorada sustancialmente, la nueva ley acabará convirtiéndose en un instrumento estéril, ya que excluye de su aplicación actividades cruciales llevadas a cabo por instituciones clave como el Parlamento, la Casa Real y el poder judicial. Asimismo, permite la aplicación arbitraria de un amplio elenco de excepciones que prevalecerían sobre el interés público.

Con nuestra economía patas arriba, cortes feroces a los servicios públicos y la corrupción campando a sus anchas en muchas de nuestras instituciones, está en nuestras manos tomar las riendas y construir una enorme ola de apoyo público en favor de una ley de transparencia fuerte que haga mella en nuestra cultura de opacidad y de mal gobierno impune.